• Custodia compartida

    Custodia compartida

    8 de Marzo de 2018

    CUSTODIA COMPARTIDA: ALGUNOS APUNTES DE JURISPRUDENCIA RECIENTE DE LA SALA PRIMERA DEL TS

    Sobre el sistema de custodia compartida la Sala Primera del TS ha declarado (S 15-7-2015) que: 

    La interpretación del artículo 92, 5 , 6 y 7 CC debe estar fundada en el interés de los menores que van a quedar afectados por la medida que se deba tomar de guarda y custodia compartida , que se acordará cuando concurran alguno de los criterios reiterados por esta Sala y recogidos como doctrina jurisprudencial en la sentencia de 29 de abril de 2013 de la siguiente forma "debe estar fundada en el interés de los menores que van a quedar afectados por la medida que se deba tomar, que se acordará cuando concurran criterios tales como:

    - la práctica anterior de los progenitores en sus relaciones con el menor y sus aptitudes personales; 

    - los deseos manifestados por los menores competentes;

    - el número de hijos; 

    - el cumplimiento por parte de los progenitores de sus deberes en relación con los hijos y el respeto mutuo en sus relaciones personales; 

    - el resultado de los informes exigidos legalmente, y, en definitiva,

    - cualquier otro que permita a los menores una vida adecuada, aunque en la práctica pueda ser más compleja que la que se lleva a cabo cuando los progenitores conviven. 

    La redacción del artículo 92 no permite concluir que se trate de una medida excepcional, sino que al contrario, habrá de considerarse normal e incluso deseable, porque permite que sea efectivo el derecho que los hijos tienen a relacionarse con ambos progenitores, aun en situaciones de crisis, siempre que ello sea posible y en tanto en cuanto lo sea" ( STS 25 de abril 2014 ).

    Como precisa la sentencia de 19 de julio de 2013: "se prima el interés del menor y este interés, que ni el artículo 92 del Código Civil  ni el artículo 9 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor , define ni determina, exige sin duda un compromiso mayor y una colaboración de sus progenitores tendente a que este tipo de situaciones se resuelvan en un marco de normalidad familiar que saque de la rutina una relación simplemente protocolaria del padre no custodio con sus hijos que, sin la expresa colaboración del otro, termine por desincentivarla tanto desde la relación del no custodio con sus hijos, como de estos con aquel". Lo que se pretende es aproximar este régimen al modelo de convivencia existente antes de la ruptura matrimonial y garantizar al tiempo a sus padres la posibilidad de seguir ejerciendo los derechos y obligaciones inherentes a la potestad o responsabilidad parental y de participar en igualdad de condiciones en el desarrollo y crecimiento de sus hijos, lo que parece también lo más beneficioso para ellos. ( Sentencia 2 de julio de 2014).

    Complementario de todo ello es la reforma del C. Civil sobre la materia y la amplia legislación autonómica favorecedora de la custodia compartida, bien sabido que todo cambio de circunstancia está supeditado a que favorezca al interés del menor.

    Con el sistema de custodia compartida : 

    a) Se fomenta la integración de los menores con ambos padres, evitando desequilibrios en los tiempos de presencia.

    b) Se evita el sentimiento de pérdida.

    c) No se cuestiona la idoneidad de los progenitores.

    d) Se estimula la cooperación de los padres, en beneficio del menor, que ya se ha venido desarrollando con eficiencia.

    El reparto del tiempo se hará, en un principio, atendiendo a principios de flexibilidad y al mutuo entendimiento entre los progenitores. 

    La STS de 16-9-2016, matiza que:

    Para la adopción del sistema de custodia compartida no se exige un acuerdo sin fisuras, sino una actitud razonable y eficiente en orden al desarrollo del menor, así como unas habilidades para el diálogo que se han de suponer existentes en los litigantes, al no constar lo contrario. 

    El TS declara que la custodia compartida conlleva como premisa la necesidad de que entre los padres exista una relación de mutuo respeto que permita la adopción de actitudes y conductas que beneficien al menor, que no perturben su desarrollo emocional y que pese a la ruptura afectiva de los progenitores se mantenga un marco familiar de referencia que sustente un crecimiento armónico de su personalidad. 

    El concepto de interés del menor, ha sido desarrollado en la Ley Orgánica 8/2015 de 22 de julio de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, en el sentido de que «se preservará el mantenimiento de sus relaciones familiares», se protegerá «la satisfacción de sus necesidades básicas, tanto materiales, física y educativas como emocionales y afectivas»; se ponderará «el irreversible efecto del transcurso del tiempo en su desarrollo»; «la necesidad de estabilidad de las soluciones que se adopten...» y a que «la medida que se adopte en el interés superior del menor no restrinja o limite más derechos que los que ampara».

    Se ha planteado últimamente la cuestión de la atribución de la vivienda habitual, en caso de custodia compartida, una cuestión que siempre admite matices en cada caso concreto; así la reciente sentencia del ST de 10-01-2018, refiere:

    Como declara la sentencia 294/2017, de 12 de mayo : 

    «La reciente sentencia de 23 de enero de 2017 recoge la doctrina de la sala sobre la materia con remisión a la sentencia 215/2016, de 6 de abril, que, a su vez, recoge la contenida en sentencias anteriores. 

    »En todas ellas se hace ver que no existe una regulación específica sobre el uso de la vivienda familiar ( STS de 24 de octubre de 2014) para adaptarla a este régimen de custodia , en contra de lo que sí ha llevado a cabo otras legislaciones autonómicas (Cataluña, Aragón, Valencia y recientemente País Vasco). 

    «La sala, ante tal vacío en materia de atribución de la vivienda familiar, al no encontrarse los hijos en compañía de uno solo de los progenitores sino de los dos, ha entendido que debe aplicarse analógicamente el párrafo segundo del art. 96 CC, que regula el supuesto en que existiendo varios hijos unos quedan bajo la custodia de un progenitor y otros bajo la custodia de otro remitiendo al juez a resolver lo procedente. Ello obliga a una labor de ponderación de las circunstancias concurrentes en cada caso, y debiendo ser tenido en cuenta el factor del interés más necesitado de protección, que no es otro que aquel que permite compaginar los períodos de estancia de los hijos con sus dos padres (STS de 24 de octubre de 2014). Ahora bien, existe un interés sin duda más prevalente (STS de 15 de marzo de 2013) que es el de los menores a una vivienda adecuada a sus necesidades, que conforme a la regla dispuesta en el art. 96 CC, se identifica con la que fue vivienda familiar hasta la ruptura del matrimonio. Teniendo en cuenta tales factores o elementos a ponderar esta sala, al acordar la custodia compartida, está estableciendo que la menor ya no residirá habitualmente en el domicilio de la madre, sino que con periodicidad semanal habitará en el domicilio de cada uno de los progenitores no existiendo ya una residencia familiar, sino dos, por lo que ya no se podrá hacer adscripción de la vivienda familiar, indefinida, a la menor y al padre o madre que con el conviva, pues ya la residencia no es única...)». 

    De esta doctrina cabe extraer que al alternarse la custodia entre padre y madre, la vivienda familiar no puede quedar adscrita a uno de ellos con exclusividad ( sentencia 513/2017, de 22 de septiembre). 

    Sin perjuicio de ello y ponderando el interés más necesitado de protección se fija, por esta sala, el período de dos años, computables desde esta sentencia, con el fin de facilitar a ella y a la menor (interés más necesitado de protección), la transición a una nueva residencia, transcurrido el cual la vivienda quedará supeditada al proceso de liquidación de la sociedad de gananciales, teniendo en cuenta que la madre tiene en la actualidad 39 años, y que pese a su situación de desempleo es licenciada en psicología, por lo que se encuentra en condiciones de encontrar trabajo, dada su adecuada capacidad para establecer metas y planes de empleo, como se deduce del informe psicosocial. 

    En esta línea la STS de 21-7-2016 afirma:

    «Lo cierto es que el artículo 96 establece como criterio prioritario, a falta de acuerdo entre los cónyuges, que el uso de la vivienda familiar corresponde al hijo y al cónyuge en cuya compañía queden, lo que no sucede en el caso de la custodia compartida al no encontrarse los hijos en compañía de uno solo de los progenitores, sino de los dos; supuesto en el que la norma que debe aplicarse analógicamente es la del párrafo segundo que regula el supuesto en el que existiendo varios hijos, unos quedan bajo la custodia de un progenitor, y otros bajo la del otro, y permite al juez resolver "lo procedente". Ello obliga a una labor de ponderación de las circunstancias concurrentes en cada caso, con especial atención a dos factores: en primer lugar, al interés más necesitado de protección, que no es otro que aquel que permite compaginar los períodos de estancia de los hijos con sus dos padres. En segundo lugar, a si la vivienda que constituye el domicilio familiar es privativa de uno de los cónyuges, de ambos, o pertenece a un tercero. En ambos casos con la posibilidad de imponer una limitación temporal en la atribución del uso, similar a la que se establece en el párrafo tercero para los matrimonios sin hijos, y que no sería posible en el supuesto del párrafo primero de la atribución del uso a los hijos menores de edad como manifestación del principio del interés del menor, que no puede ser limitado por el Juez, salvo lo establecido en el art. 96 CC (SSTS 3 de abril y 16 de junio 2014, entre otras). 

    Pues bien, el interés más necesitado de protección ya ha sido valorado en la sentencia por lo que resta por analizar si se debe imponer una limitación del derecho de uso, armonizando los dos intereses contrapuestos: el del titular de la vivienda que quedaría indefinidamente frustrado al no permitírsele disponer de ella, incluso en los períodos en los que el hijo permanece con él, y el del hijo a comunicarse con su madre en otra vivienda; aspecto en que debe casarse la sentencia. 

    Aplicada la referida doctrina al supuesto de autos, debemos recordar que se ha valorado con acierto en la sentencia recurrida que el interés preponderante es el de la menor, pero debe evaluarse si el tiempo por el que fija la adscripción de la vivienda (privativa del esposo) es acorde o no con el principio de proporcionalidad, dado que el art. 96.3 del C. Civil, exige que el plazo sea prudencial (por ejemplo, dos años)

    Hace pocos días el Tribunal Supremo en sentencia de 20-2-2018 ha vuelto sobre este tema:

    La cuestión jurídica que se plantea es la de la atribución del uso de la vivienda familiar en el caso de custodia compartida . 

    Para la resolución del recurso debe partirse del siguiente marco normativo y jurisprudencial:

    1.ª) El art. 2 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero , de protección jurídica del menor (modificado por la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio ) declara que todo menor tiene derecho a que su interés superior sea valorado y considerado como primordial en todas las acciones y decisiones que le conciernan. 

    El mismo artículo establece a continuación que, a efectos de la interpretación y aplicación en cada caso del interés superior del menor, se tendrán en cuenta, entre otros criterios generales, sin perjuicio de los establecidos en la legislación específica aplicable, la satisfacción de las necesidades básicas del menor, tanto materiales, físicas y educativas como emocionales y afectivas (art. 2.2.a)).

    Añade, finalmente el art. 2.4 que:

    «En caso de concurrir cualquier otro interés legítimo junto al interés superior del menor deberán priorizarse las medidas que, respondiendo a este interés, respeten también los otros intereses legítimos presentes. En caso de que no puedan respetarse todos los intereses legítimos concurrentes, deberá primar el interés superior del menor sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir. Las decisiones y medidas adoptadas en interés superior del menor deberán valorar en todo caso los derechos fundamentales de otras personas que pudieran verse afectados».

    2.ª) El art. 96 CC establece los criterios que debe tener en cuenta el juez para atribuir el uso de la vivienda y ajuar familiar en caso de que no exista acuerdo de los progenitores o que el acuerdo no supere el control de lesividad a que se refiere el art. 90.2 CC . 

    Pero el art. 96 no contempla el caso de que se haya acordado la custodia compartida . En ausencia de una previsión legal, esta sala ha declarado que no procede la aplicación del primer párrafo del art. 96 CC , dado que los hijos no quedan en compañía exclusiva de uno de los progenitores y ha venido entendiendo que debe aplicarse por analogía el párrafo segundo del art. 96 CC del que resulta que, en defecto de acuerdo de los cónyuges, «el Juez resolverá lo procedente». 

    De acuerdo con la doctrina de esta sala, en casos de custodia compartida , es posible la atribución del uso de la vivienda a aquél de los progenitores que por razones objetivas tenga más dificultad de acceso a una vivienda (no ser titular o disponer del uso de ninguna otra, menores ingresos) para que de esta forma pueda llevarse a cabo la convivencia durante los períodos en los que le corresponda tener a los hijos en su compañía. 

    Pero cuando se valora que no existe riesgo de poner en peligro el régimen de custodia compartida , pues el progenitor está en condiciones, por su situación económica, de proporcionar una vivienda adecuada a sus necesidades, el criterio de la sala es el de que no procede hacer la atribución indefinida de uso de la que fue la vivienda familiar y deben armonizarse los intereses contrapuestos, el del titular (o cotitular) de la vivienda y el de los hijos a relacionarse con el otro en una vivienda (resume la doctrina la sentencia 517/2017, de 13 de septiembre, con cita de otras anteriores). 

    Esta sala considera que la sentencia recurrida, al atribuir a la madre el uso de la que fue vivienda familiar durante la convivencia del matrimonio hasta que el hijo alcance la mayoría de edad, no se ajusta a la interpretación y aplicación que debe realizarse del art. 96 CC a la luz de lo dispuesto en el art. 2 de la Ley Orgánica de protección jurídica del menor. 

    La valoración del interés del menor ha llevado en el presente caso a adoptar un sistema de custodia compartida , lo que en este momento no se discute. La ponderación de las circunstancias realizada por las sentencias de instancia ha llevado a ambas a acordar la atribución de la vivienda a D.ª Flor : atribuyendo el uso por anualidades alternas hasta la división del patrimonio que tienen en común los litigantes, pero manteniéndole a ella el uso durante la primera anualidad en la sentencia de primera instancia; atribuyéndole a ella el uso hasta que el hijo alcance la mayoría de edad en la sentencia de apelación. 

    Lo que se discute ahora es si procede la atribución del uso de la vivienda que fue familiar durante el tiempo fijado en la sentencia recurrida, teniendo en cuenta que el niño nació en 2010 y no alcanzará la mayoría de edad hasta 2028 o, por el contrario, en palabras de la jurisprudencia de esta misma sala, lo que procede es acordar una atribución temporal, dirigida a facilitar la transición a la nueva situación de custodia compartida , como hizo la sentencia de primera instancia y solicita el recurrente.

    En el caso, concurre el interés legítimo del padre, cotitular de la vivienda, de poder disponer de ella y, a la vista de las circunstancias probadas, deben priorizarse, como dice el art. 2 de la Ley Orgánica de protección jurídica del menor, las medidas que, respondiendo a este interés, respeten también los otros intereses legítimos presentes.

    Debe tenerse en cuenta que el límite fijado por la sentencia recurrida, que remite a la mayoría de edad del hijo, equivale a una atribución indefinida, pues cuando el hijo alcance la mayoría de edad ya no existirá custodia compartida y el hijo podrá permanecer con aquel de los progenitores que desee, tal y como para un caso semejante declaró la sentencia 434/2016, de 27 de junio. 

    También se ha pronunciado el TS sobre la cuestión de la distancia entre los domicilios de los progenitores y si la misma puede ser determinante para desaconsejar la custodia compartida; así, la S de 21-12-2016 dice:

    El hecho de que esta sala se haya manifestado reiteradamente a favor de establecer el régimen de custodia compartida -por ser el más adecuado para el interés del menor- no implica que dicho interés determine siempre la constitución de tal régimen si se considera desfavorable. Se trata de «un concepto jurídico indeterminado, dejando el legislador en manos del poder jurisdiccional la difícil y responsable tarea de llenarlo de contenido, habiéndosenos dotado en los últimos años, con una enorme cercanía en el tiempo, de contenido práctico a ese principio mediante las resoluciones emanadas de la Sala Primera del Tribunal Supremo».

    Resulta así que, aunque concurran varios de los requisitos que normalmente habrían de dar lugar al establecimiento del régimen de custodia compartida, existe una circunstancia que lo desaconseja por suponer una alteración de la vida normal de la menor, sobre todo cuando ya alcanza edad escolar, ya que ambos progenitores residen en poblaciones que distan entre sí unos cincuenta kilómetros y ello supondría que en semanas alternas la menor habría de recorrer esa considerable distancia para desplazarse al colegio.

    En esta línea, la Tribunal Supremo Sala 1ª, S 10-1-2018, añade que la distancia no solo dificulta sino que hace inviable la adopción del sistema de custodia compartida, dada la distorsión que ello puede provocar y las alteraciones en el régimen de vida del menor, pues no procede someter al menor a dos colegios distintos, dos atenciones sanitarias diferentes, y desplazamientos de 1.000 km, cada tres semanas, todo lo cual opera en contra del interés del menor, que precisa de un marco estable de referencia, alejado de una existencia nómada, lo que el padre, con evidente generosidad, parece reconocer en uno de los mensajes remitidos a la madre. 

    Por tanto se ha de entender que se infringe en la sentencia recurrida el artículo 92 del Código Civil , el artículo 9 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor y el art. 2 Ley Orgánica 8/2015 de 22 de julio . 

    La sentencia del Tribunal Supremo de 27-9-2017, se refiere a la cuestión de la influencia de las relaciones tensas entre los progenitores, incluidas denuncias penales, que, a su juicio, perjudicaría el desarrollo del menor. 

    Ello no contradice la doctrina de la sala, pues si bien ésta no considera que impida la guarda y custodia compartida los desencuentros propios de las crisis matrimoniales que no afecten de modo relevante a los menores ( SSTS de 30 de octubre de 2014 ; 11 de febrero de 2016 ), sin embargo mantiene (sentencia de 19 de julio de 2013 ) que esta modalidad de custodia «conlleva como premisa la necesidad de que entre los padres exista una relación de mutuo respeto que permita la adopción de actitudes y conductas que beneficien al menor, que no perturben su desarrollo emocional y que pese a la ruptura afectiva de los progenitores se mantenga un marco familiar de referencia que sustente un crecimiento armónico de su personalidad.». 

    Esa relación de mutuo respeto es la que, en el fondo, se niega, y, una vez más se echa en falta, en un tema tan delicado, la ausencia de un informe psicosocial que ayude al tribunal a tener mayor conocimiento de causa para poder decidir, como se desprende de lo declarado en la sentencia de 21 de septiembre de 2016 . 

    Dicho informe no será requisito imprescindible, pero sí es conveniente en estos casos ( sentencia de 7 de marzo de 2017). 

    En su reciente sentencia de 17-01-2018 el Tribunal Supremo añade que “La búsqueda del enfrentamiento personal entre ambos cónyuges no puede ser en si misma causa de denegación del sistema de guarda compartida, en cuanto perjudica el interés del menor que precisa de la atención y cuidado de ambos progenitores; sistema que, como ha recordado esta Sala, a partir de la sentencia 257/2013, debe ser el normal y deseable. Lo que se pretende es aproximar este régimen al modelo de convivencia existente antes de la ruptura matrimonial y garantizar al tiempo a sus padres la posibilidad de seguir ejerciendo los derechos y obligaciones inherentes a la potestad o responsabilidad parental y de participar en igualdad de condiciones en el desarrollo y crecimiento de sus hijos, lo que parece también lo más beneficioso para ellos (sentencia 368/2014, de 2 de julio ). 

    Finalmente, destacar que el Tribunal Supremo, S 11-1-2018, establece que la situación del menor no debe petrificarse cuando existe una custodia monoparental y que debe justificarse la opción de no cambiar a una custodia compartida sobre la base del único argumento de la rutina y estabilidad del menor; en definitiva se plantea la natural evolución de una custodia monoparental hacia otra compartida.

    La sentencia recurrida excluye la guarda y custodia compartida por la razón fundamental de que el menor estaba con su madre, y porque por su corta edad necesita rutina y estabilidad, lo que hace no recomendable introducir grandes cambios en su vida cotidiana, y todo ello pese a reconocer que la prueba practicada acredita la capacidad del padre para asumir, sin problema alguno, estos menesteres de guarda y custodia que, como ha recordado esta Sala, a partir de la sentencia 257/2013, debe ser el normal y deseable. 

    Y sin un solo motivo que justifique la medida, se ha privado al menor de compaginar la custodia entre ambos progenitores. Y lo que es más grave, la sentencia recurrida petrifica la situación del menor, de casi cuatro años de edad en estos momentos, con el único argumento de la estabilidad que tiene bajo la custodia exclusiva de su madre, sin razonar al tiempo sobre cuál sería la edad adecuada para adoptar este régimen ni ponderar el irreversible efecto que el transcurso del tiempo va a originar la consolidación de la rutina que impone la custodia exclusiva, cuando se está a tiempo de evitarlo, puesto que va a hacer prácticamente inviable cualquier cambio posterior; y ello, desde la perspectiva del interés del niño, es contrario a lo dispuesto en la Ley Orgánica 8/2015 de 22 de julio , como ha recordado con reiteración esta Sala a partir de la sentencia 658/2015, de 17 de noviembre. 

  • Reclamación de daños personales por accidente de trafico, vía telemática

    Reclamación de daños personales por accidente de trafico, vía telemática

    19 de Enero de 2018

    Los abogados ya pueden tramitar desde el 1 de enero de 2018 por vía telemática las reclamaciones de sus clientes relativos a daños personales por accidentes de tráfico a través de la plataforma SdP-Lex

    Este despacho ya dispone de acceso a la plataforma para la gestión de las reclamaciones por accidentes de tráfico de sus clientes.

    Desde el 1 de enero, los abogados ya podemos tramitar por vía telemática ante las aseguradoras las reclamaciones de sus clientes para el pago de indemnizaciones por accidentes de tráfico con daños personales.

    Tras la firma de un convenio entre el Consejo General de la Abogacía Española y UNESPA, se desarrolló, a través de la empresa informática TIREA, una plataforma que permite a los letrados comunicarse de forma telemática y segura con las aseguradoras de los vehículos que se han visto implicados en un siniestro de circulación con víctimas.

    Esta plataforma informática favorece la solución extrajudicial de los accidentes donde alguna persona haya resultado herida o fallecida. Por lo tanto, beneficia a las personas afectadas contribuyendo a reducir la litigiosidad.

    El nuevo servicio se llama SdP-Lex. A través de dicha herramienta online, los abogados ya podemos enviar y recibir de manera segura e inmediata la documentación con las reclamaciones de nuestros clientes a las entidades aseguradoras, mediante el uso de la firma electrónica cualificada de la Autoridad de Certificación de la Abogacía (ACA).

    Merece destacar que a través de este instrumento todo el cruce de mensajes queda registrado, de forma que es trazable el diálogo establecido entre las partes.

    En la actualidad, 23 aseguradoras se encuentran adheridas al referido Convenio de Colaboración para la gestión automatizada de las reclamaciones de daños personales.

    LLAMANOS E INFORMATE

  • Artículo sobre libre designa

    Artículo sobre libre designa

    28 de Marzo de 2017

    En esta entrada queremos hacer referencia a una cuestión importante en materia de accidentes de circulación y de la que no todo el mundo tiene conocimiento, ya que forma parte de la letra pequeña de las condiciones del seguro, como es el derecho que tiene todo asegurado a la libre designa de abogado de su confianza cuyos honorarios serán devueltos por su propia compañía de seguros en virtud de una cobertura de libre designa de abogados.

    Por tanto, la víctima no está obligada a aceptar los servicios del abogado de la compañía, sino que tiene derecho a la libre elección de profesionales externos, reconocido en el artículo 76d) de la Ley de Contrato de Seguro: El asegurado tendrá derecho a elegir libremente el Procurador y Abogado que hayan de representarle y defenderle en cualquier clase de procedimiento.

    Se trata, por tanto, de un derecho reconocido por la ley, y al que no pueden oponerse las aseguradoras, a pesar de las numerosas trabas que más de una le pone a este derecho.

    Al igual que los demás derechos, no es absoluto, presentando ciertos límites: nuestro seguro no cubrirá los honorarios del abogado que contratemos en aquellas reclamaciones judiciales que tengan pocas posibilidades de prosperar (como sería el caso de un siniestro culpable) salvo que inesperadamente obtengamos una sentencia favorable a nuestros intereses.

    Todas las pólizas de seguros permiten la libre designa de abogado al tomador, al propietario del vehículo y al conductor asegurado con la siguiente excepción: aquellos conductores no declarados en póliza y que tienen menos de veinticinco años y/o menos de dos años de antigüedad de carnet de conducir.

    No obstante, respecto de los ocupantes del vehículo se hace preciso distinguir dos situaciones: si la culpa es del conductor del coche en el que viajan no tendrán derecho a devolución de honorarios, pero si la culpa es de otro conductor, su derecho a reembolso por libre designa de abogado dependerá de la aseguradora. Hay aseguradoras que sí cubren a los ocupantes y otras que no, no faltando las  que sólo cubren a los ocupantes que mantengan lazos familiares con el asegurado hasta el tercer grado.

    Cada compañía de seguros fija un límite máximo de devolución de minuta de letrado, que con carácter general podría situarse en 1.500€. Si bien hemos de dejar indicado que dichos importes máximos de reintegro de minuta de honorarios lo son por póliza y siniestro, y no por lesionado.

    El procedimiento a seguir para tener derecho a la libre designa de abogado es muy sencillo, siendo el abogado elegido para la reclamación de indemnización el que se encargue de la gestión, que resumidamente consistiría en remitir una carta -certificada con acuse de recibo- a nuestra aseguradora en la que nos limitaremos a indicar que hemos designado a un determinado letrado con su correspondiente número de colegiado, autorizándolo para que se haga cargo de la reclamación de daños personales derivados del accidente en cuestión.

    Es aconsejable dejar claro que hemos contratado al abogado para que reclame por las lesiones, y no por los daños del vehículo. Si no se circunscribe la libre designa de abogado a los daños personales, algunas aseguradoras directamente dejarán de aplicar los convenios de daños materiales y podemos tardar más tiempo del deseable en cobrar por los mismos.

    A su vez sería conveniente retrasar la notificación de la designa hasta que el cliente confirme que ya ha recibido el alta de rehabilitación para evitar que determinadas aseguradoras suspendan la rehabilitación médica de sus asegurados cuando reciben una libre designa de abogado.

    Efectuada la designa, nuestro abogado se pondrá en contacto con el tramitador del siniestro de la compañía contraria efectuando la reclamación, para la cual se tendrán en cuenta diferentes criterios como los días perjuicio básico o de perjuicio personal moderado, y otros gastos como los de desplazamiento  que hayamos tenido que hacer a consecuencia de las lesiones sufridas.

    Una vez que hayamos firmado el finiquito de conformidad con la propuesta de indemnización remitida por la compañía contraria, lo normal es que el abogado de libre elección prepare una minuta de honorarios por las gestiones efectuadas y la remita a nuestra compañía de seguros, la cual procederá a abonar  en nuestra cuenta dicha cuantía para que podamos efectuar el pago a nuestro abogado. Si bien, en otros casos, se abonan por el cliente al abogado los honorarios, tras lo cual, los mismos le serán reembolsados por su entidad aseguradora.


    LLAMANOS 


  • Conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas en Pontevedra

    Conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas en Pontevedra

    6 de Marzo de 2017


    ¿Has dado positivo en la prueba de alcoholemia? ¿Has sido denunciado por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas o acusado de conducción temeraria y necesitas asistencia letrada? Si te encuentras en cualquiera de estas situaciones no dudes en contactar con nosotros llamando al 986603684 para exponernos tu caso y así poder llevar a cabo una eficaz defensa de tus derechos.

    En los últimos años se ha constatado que la presencia de alcohol y drogas durante la conducción es uno de los problemas más graves para la seguridad vial, estando detrás del 43% de los accidentes mortales en carretera.

    Puede castigarse como una infracción administrativa o tratarse como un delito penal.

    En vía administrativa se sanciona a los conductores de vehículos y  de bicicletas con una tasa de alcohol en sangre superior a 0,5 gramos por litro, o de alcohol en aire espirado superior a 0,25 miligramos por litro.

    Cuando se trate de profesionales que realizan la actividad de transportistas así como de titulares de permisos de conducción con menos de dos años de antigüedad  no podrán hacerlo con una tasa de alcohol en sangre superior a 0,3 gramos por litro, o de alcohol en aire espirado superior a 0,15 miligramos por litro.

    En definitiva, podemos decir que cuando el conductor arroja una tasa de alcohol superior a la permitida pero que no llega a 0.6 mg/l y no manifiesta indicios de conducción bajo la influencia del alcohol, estamos ante una infracción administrativa castigada con multa y pérdida de puntos.

    En vía penal:

    Nuestro legislador ha endurecido la respuesta penal en el art.379.2 CP con una tasa objetivada, puesto que se parte de que el consumo de alcohol, aunque sea en pequeñas cantidades, afecta a las capacidades de reacción y atención de que precisa todo conductor para manejarse sin peligro para la circulación.

    Se trata de un delito de peligro abstracto fundado en un juicio de peligrosidad. En definitiva, constatada la conducción por encima de la tasa legal permitida, se presume el peligro para la integridad física del propio conductor y de los demás usuarios de la vía pública, siendo por tanto innecesaria la concurrencia de maniobras o signos externos de embriaguez (aunque en la mayoría de los casos estos también concurrirán).

    El Artículo 379 Código Penal castiga al "que condujera un vehículo a motor o un ciclomotor bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o de bebidas alcohólicas con pena de prisión de 3 a 6 meses o multa de 6 a 12 meses o con trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días y, en cualquier caso, privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años".

    En todo caso será condenado con dichas penas el que condujere con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0.60 mg/l o con una tasa de alcohol en sangre superior a 1.2 gramos por litro.

    Las referidas penas se establecen de forma alternativa y, por su naturaleza, cuantía y duración llevan consigo la anotación de antecedentes penales, cuya  cancelación exige que transcurran sin volver a delinquir plazos de 2, 3 o 5 años en función de su cuantía (art.136 CP).

    Por el contrario, en aquellos casos en que el conductor no rebasa los límites indicados en el Código Penal pero presenta una indudable alteración de sus facultades psíquicas y físicas puede ser igualmente condenado por dicho delito. Como ejemplo podemos citar la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid 27.11.2015

    Prueba de alcoholemia a conductores

    Todos los conductores de vehículos y de bicicletas quedan obligados a someterse a las pruebas de alcoholemia, así como los demás usuarios de la vía cuando se hallen implicados en algún accidente de circulación.

    La negativa constituye una infracción muy grave pudiendo dar lugar a dos tipos de responsabilidades, una penal y otra administrativa. Así, el Código Penal (art. 383) castiga como autor de un delito de desobediencia grave al conductor que requerido por el agente de la autoridad se negase a someterse a las pruebas legalmente establecidas  para la comprobación de las tasas de alcoholemia y la presencia de las drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas con la pena de prisión de seis meses a un año, y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.

    Por su parte la responsabilidad administrativa conlleva la imposición de una multa y puede implicar la pérdida de la totalidad de los puntos del carné.

    Práctica de las pruebas de alcoholemia

    En los casos en los que la primera medición fuese positiva o presentara la persona examinada síntomas evidentes de encontrarse bajo la influencia de bebidas alcohólicas  se realizará una segunda medición denominada de contraste, teniendo derecho a comprobar por si mismo o por medio de otra persona que entre ambas mediciones transcurren, al menos, 10 minutos.

    Asimismo se le informará del derecho que tiene a formular cuantas alegaciones u observaciones tenga por conveniente, por sí o por medio de su acompañante, las cuales se consignarán por diligencia, y del derecho a contrastar los resultados obtenidos mediante análisis de sangre, orina u otros análogos. En caso de que el resultado del análisis también sea positivo, estarán obligados a abonar los gastos derivados de su realización; en caso contrario, los gastos correrán por cuenta de la administración.

    En estos supuestos además, los agentes pueden proceder a la inmediata inmovilización del vehículo a no ser que pueda hacerse cargo de su conducción otra persona debidamente habilitada designada por el conductor, quedando sin efecto tan pronto como desaparezca la causa que la motivó.

    Los gastos derivados de la inmovilización del vehículo, su traslado o su depósito, corren por cuenta del conductor o de quien legalmente deba responder por él.

    Asimismo hay que señalar respecto del vehículo utilizado en la comisión de los hechos que el artículo 385 bis CP lo considera instrumento del delito a los efectos de que pueda acordarse su comiso.

    Lo habitual tratándose de la primera vez que se incurre en un supuesto delito contra la seguridad vial por alcoholemia es que la persona no quede detenida, en cuyo caso, se le cita para que comparezca directamente en el Juzgado, haciéndole saber que tiene la obligación de comparecer y las consecuencias de no hacerlo. En la declaración ante el Juez de Instrucción si es imprescindible la presencia de letrado defensor para garantizar que se respetan los derechos del investigado.

    Los delitos por alcoholemia se tramitan, en gran medida, por el denominado juicio rápido regulado en los arts. 795 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuyos principales rasgos son los siguientes:

    Los agentes de la autoridad extienden el correspondiente atestado y lo entregan al juez de Guardia que incoará, si procede, diligencias urgentes con la participación activa del Ministerio Fiscal, pudiendo adoptar las siguientes medidas:

    • Tomar declaración a los testigos citados por la policía y que hayan comparecido en el Juzgado.

    • Recabar los antecedentes penales del detenido o persona investigada y tomarle declaración.

    • En caso de daños materiales causados por el investigado, también podrá pedir su tasación pericial.

    En definitiva el juez recabará toda la documentación que crea necesaria para la celebración del juicio rápido. En este caso, el Ministerio Fiscal y el abogado del investigado pueden pedir cuantas pruebas consideren oportunas admitiéndolas el juez siempre que no sean descabelladas o se propongan con ánimo dilatorio, asegurando así que el proceso se desarrolle con todas sus garantías.

    Oídas a las partes, el Juez tomará alguna de las siguientes decisiones:

    • Entender que faltan pruebas por practicar y decidir que el procedimiento continúe como diligencias previas del procedimiento abreviado (el procedimiento normal).

    • Tener por practicadas todas las pruebas y decidir pasar al Juicio Oral.

    Una vez que se acuerda continuar este procedimiento, el juez oirá al Ministerio Fiscal y a los abogados de las demás partes personadas para que se pronuncien sobre si procede la apertura del juicio oral o el sobreseimiento. Acordada la apertura del juicio mediante auto, las partes presentarán los respectivos escritos de acusación y defensa.

    El Ministerio Fiscal se reúne con el abogado del investigado exponiéndole la pena que solicita, de manera que si el investigado reconoce los hechos y se conforma con la pena, se dicta ese mismo día la denominada “sentencia de conformidad” imponiéndole la pena solicitada reducida en un tercio. Cabe decir que numerosos juicios rápidos por alcoholemia acaban en conformidad porque las pruebas de alcoholemia suelen evidenciar que el investigado superaba la tasa permitida, teniendo por tanto una difícil defensa, lo que hace aconsejable ese acuerdo previo al juicio entre el Ministerio Fiscal y su abogado defensor, permitiéndole así acogerse a la rebaja prevista por la ley.

    En caso de que no exista conformidad el juicio oral se celebrará en el Juzgado Penal correspondiente conforme a lo dispuesto en los artículos 786 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sin que exista ya posibilidad de acogerse a la reducción de la pena por conformidad.

    Etilómetro

    La  prueba de alcoholemia puede quedar invalidada si no consta en las actuaciones el certificado de verificación periódica del aparato de medición utilizado, verificación que ha de ser anual como indica el art.13 de la Orden ITC/3707/2006, de 22 de noviembre, por la que se regula el control metrológico del Estado de los instrumentos destinados a medir la concentración de alcohol en el aire espirado.   Se puede solicitar la documentación del alcoholímetro para comprobar que haya pasado la obligatoria revisión anual o que haya sido fabricado hace menos de un año, quedando prohibido su uso (y, por tanto, no siendo válidos sus resultados como prueba) en el caso de que no se supere esta fase de control metrológico hasta que se subsane la deficiencia que haya impedido la superación.

    En los etilómetros que lleven más de un año en servicio, se permitirá un margen de error del 7,5%, por lo que dicho margen debe ser tenido en cuenta a efectos de determinar si puede modificar el ilícito o la pena vinculada al mismo.


  • ¿Qué es una cláusula suelo?

    ¿Qué es una cláusula suelo?

    1 de Febrero de 2017

    ¿Qué es una cláusula suelo? ¿Está contenida en mi contrato de hipoteca? ¿Cómo puedo recuperar lo indebidamente pagado en virtud de la misma? Estas son las dudas más frecuentes que se pueden plantear a los consumidores con un préstamo hipotecario y en Abogados Viera queremos aportar todo nuestro conocimiento y atención para ayudarte a comprobar si eres uno de los afectados por las mismas y a recuperar todo lo pagado de más. En este artículo expondremos brevemente los puntos clave de esta cuestión.

    ¿Qué es una cláusula suelo?

    Una cláusula suelo se podría definir como una cláusula incluida en un contrato de préstamo o crédito garantizado con hipoteca inmobiliaria a tipo variable, o para el tramo variable de otro tipo de préstamo, que establece un límite mínimo al interés a aplicar en la cuota aunque el tipo de interés baje.

    ¿Cómo detectarla?

    Podemos advertir la presencia de tales cláusulas en nuestra escritura de préstamo hipotecario, con expresiones tales como límites a la aplicación del interés variable, límite de la variabilidad, tipo de interés variable.

    ¿Son legales estas cláusulas?

    En España, la mayoría de hipotecas con interés variable firmadas a partir de 1997 incluyen estas cláusulas que perjudican al titular de las mismas pues le imponen el pago de  un porcentaje mínimo de intereses aunque en la realidad se produzca una bajada de los mismos o el interés sea negativo, en otras palabras, la cláusula impide que se traslade esa bajada real a la cuota mensual de la hipoteca. Su legalidad ha sido defendida por unos y cuestionada por otros si bien, el Banco de España y la Ley Hipotecaria, las consideran abusivas cuando las entidades financieras no informan de su presencia y consecuencias de forma clara, explícita y precisa, facilitando así al consumidor la comprensión de su contenido. Hay que señalar que también los notarios tienen obligación de advertir de su existencia.

    La sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013, había declarado su nulidad y carácter abusivo, entre otras razones, por su falta de transparencia. Si bien en 2015 se dicta nueva sentencia que limitaba la devolución de lo cobrado indebidamente por los bancos solo desde la fecha de la primera sentencia, es decir, desde el 9 de mayo de 2013, no estando obligados a devolver las cuotas cobradas con anterioridad a dicho momento.

    No obstante, hay que remarcar que la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 de diciembre de 2016 desdice lo anterior obligando a los bancos y cajas de ahorros a devolver todo el dinero cobrado ilegalmente por las cláusulas suelo desde la fecha de firma de la hipoteca.

    ¿Cómo se puede recuperar el dinero indebidamente pagado?

    El Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo tiene por objeto el establecimiento de un mecanismo extrajudicial que facilite la devolución de las cantidades indebidamente satisfechas por el consumidor persona física a las entidades de crédito en aplicación de determinadas cláusulas suelo.

    De este modo, se exige a las entidades bancarias que, en el plazo de un mes desde la publicación de este Real Decreto implanten un sistema de reclamación previa a la interposición de demandas judiciales, que tendrá carácter voluntario y gratuito para el consumidor.

    Según el decreto, el banco, una vez recibida la reclamación del afectado deberá remitir a éste un cálculo de la cantidad a devolver con los intereses o, en su caso, las razones por las que considera que no hay lugar a la devolución. Si el afectado está de acuerdo con el cálculo, el banco realizará la devolución del efectivo en un plazo máximo de tres meses desde la presentación de la reclamación, pudiendo también convenirse una medida compensatoria distinta de la devolución del efectivo como la amortización del capital pendiente de pago de la hipoteca. Cuando el procedimiento extrajudicial ha concluido sin acuerdo, el consumidor puede acudir a la vía judicial.

    Es importante tener en cuenta que las cantidades que se cobren en virtud de las devoluciones de los intereses pagados de más (por las clausulas suelo) no tributarán en la renta de quién lo perciba porque no se trata de un rendimiento o indemnización sino simplemente de la devolución de aquello que se ha pagado de más. Se contempla asimismo que aquellos que hayan disfrutado de una reducción en el impuesto por el pago de esos intereses, tengan que pagar ahora por aquello de lo que en su día se beneficiaron.

    Habrá que esperar para valorar la efectividad de tal mecanismo extrajudicial, pero uno de los principales problemas que plantea de entrada es que no aclara en qué situación quedan los consumidores que ya habían alcanzado un acuerdo extrajudicial con la entidad bancaria o concluido su procedimiento judicial con una resolución firme y definitiva sin beneficiarse de los efectos retroactivos de la cláusula suelo declarada abusiva.

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  • Custodia compartida. Pontevedra

    Custodia compartida. Pontevedra

    9 de Enero de 2017

    La Audiencia Provincial de Pontevedra apuesta por el régimen de custodia compartida sobre la base del principio del interés preponderante de los menores.

             Por citar una de entre muchas la sentencia de la AP Pontevedra, sec. 1ª, S 10-3-2016, nº 128/2016, cuyo ponente es D. Francisco Javier Menéndez Estébanez señala que para el establecimiento del régimen de custodia compartida no se exige un acuerdo completo entre los progenitores, sino que basta una actitud razonable que permita la adopción de decisiones respecto del menor en un marco de normalidad (FJ 2).

             La propia sentencia hace un repaso a la jurisprudencia más reciente del Tribunal Supremo que establece la custodia compartida como la norma general y la situación, a priori, más beneficiosa y favorable para el menor:

    Como señala, entre otras, la STS 15 julio 2015 : Ante todo se ha de partir de que el régimen de guarda y custodia compartida debe ser lo normal y deseable, señalando la Sala  que la redacción del artículo 92 del Código Civil no permite concluir que se trate de una medida excepcional, sino que al contrario, habrá de considerarse normal e incluso deseable, porque permite que sea efectivo el derecho que los hijos tienen a relacionarse con ambos progenitores, aún en situaciones de crisis, siempre que ello sea posible y en tanto en cuanto lo sea.

    Complementario de todo ello es la reforma del C. Civil sobre la materia y la amplia legislación autonómica favorecedora de la custodia compartida (ausente en Galicia) bien sabido que todo cambio de circunstancia está supeditado a que favorezca al interés del menor.

    La interpretación del artículo 92, 5 , 6 y 7 del Código Civil debe estar fundada en el interés de los menores que van a quedar afectados por la medida que se deba tomar de guarda y custodia compartida , que se acordará cuando concurran alguno de los criterios reiterados por esta Sala y recogidos como doctrina jurisprudencial en la sentencia de 29 de abril de 2013 de la siguiente forma "(…) se acordará cuando concurran criterios tales como la práctica anterior de los progenitores en sus relaciones con el menor y sus aptitudes personales; los deseos manifestados por los menores competentes; el número de hijos; el cumplimiento por parte de los progenitores de sus deberes en relación con los hijos y el respeto mutuo en sus relaciones personales; el resultado de los informes exigidos legalmente, y, en definitiva, cualquier otro que permita a los menores una viuda adecuada, aunque en la práctica pueda ser más compleja que la que se lleva a cabo cuando los progenitores conviven.

    Se pretende aproximar este régimen al modelo de convivencia existente antes de la ruptura matrimonial y garantizar al tiempo a sus padres la posibilidad de seguir ejerciendo los derechos y obligaciones inherentes a la potestad o responsabilidad parental y de participar en igualdad de condiciones en el desarrollo y crecimiento de sus hijos, lo que parece también lo más beneficioso para ellos.

    La STS de 16 de febrero de 2015, en cuanto a la buena o mala relación entre los progenitores, es elocuente. La AP había dicho: en el caso en que la mujer había sido condenada por una falta de coacciones tras una denuncia del marido por cambiar la cerradura de la vivienda, el Supremo opina que la condena a la mujer no debe perjudicar al marido. Sobre el asunto de diferencias en torno a cual debe ser el colegio del menor, considera que se trata de "una divergencia razonable". Así pues, estima que los motivos expuestos por la Audiencia " no constituyen fundamento suficiente para entender que la relación entre los padres sea de tal enfrentamiento que imposibilite un cauce de diálogo ".

    La sentencia, continúa diciendo que "para la adopción del sistema de custodia compartida no se exige un acuerdo sin fisuras, sino una actitud razonable y eficiente en orden al desarrollo del menor, así como unas habilidades para el diálogo que se han de suponer existentes"

    Ciertamente también el Alto Tribunal ha establecido, con carácter general que la custodia compartida conlleva como premisa la necesidad de que entre los padres exista una relación de mutuo respeto que permita la adopción de actitudes y conductas que beneficien al menor, que no perturben su desarrollo emocional y que pese a la ruptura afectiva de los progenitores se mantenga un marco familiar de referencia que sustente un crecimiento armónico de su personalidad.

    Pero debe entenderse que no está aludiendo a la existencia de buenas relaciones (que sería lo deseable en beneficio del menor), sino a la existencia de una situación que permita la adopción de decisiones respecto del menor en un marco de normalidad, siempre que no estén imposibilitados para conseguirlo.

    Como precisa la sentencia de 19 de julio de 2013 : "se prima el interés del menor y este interés, que ni el artículo 92 del Código Civil) ni el artículo 9 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor) , define ni determina, exige sin duda un compromiso mayor y una colaboración de sus progenitores tendente a que este tipo de situaciones se resuelvan en un marco de normalidad familiar que saque de la rutina una relación simplemente protocolaria del padre no custodio con sus hijos que, sin la expresa colaboración del otro, termine por desincentivarla tanto desde la relación del no custodio con sus hijos, como de estos con aquel".

    El beneficio del menor exige, según la jurisprudencia del TS, un régimen de custodia compartida, sin que exista prueba alguna que permita aseverar que la custodia ordinaria solo a favor de la madre beneficie al menor ni que existan una relaciones entre los progenitores tan nefastas que impidan la fijación de este régimen compartido, ni tampoco resulte de imposible aplicación por horarios o distancias de domicilio, pues si algún inconveniente surgiera, no se adivina por qué no podrá superarse.

    Como señala el TS en su reciente sentencia de 28 enero 2016: (…) no se advierte un solo motivo negativo para privar al hijo de compaginar la custodia entre ambos progenitores, según resulta de la sentencia y lo que no es posible es negarlo porque habiendo solicitado con carácter principal en exclusiva su custodia pretenda este régimen de una forma subsidiaria, cuando se trata de una medida más favorable al interés del hijo y de los propios progenitores que la anterior.

    Recoge también el magistrado Menéndez Estébanez los beneficios del sistema de custodia compartida:

    a) Se fomenta la integración de los menores con ambos padres, evitando desequilibrios en los tiempos de presencia.

    b) Se evita el sentimiento de pérdida.

    c) No se cuestiona la idoneidad de los progenitores.

    d) Se estimula la cooperación de los padres, en beneficio de los menores, que ya se ha venido desarrollando con eficiencia.”

    Inevitablemente, la forma de conducirse los progenitores en la aplicación de este régimen es esencial para su adecuado funcionamiento, pero debiendo saber que quien se beneficiará de ello será precisamente su hijo. Como la Audiencia ya ha señalado en su sentencia de 24 febrero 2016, el Derecho no alcanza ni podrá corregir, porque pertenece al ámbito de la responsabilidad familiar, sentido común, respeto y armonía en la convivencia.


  • Aumentan los casos de comisos de vehículos

    Aumentan los casos de comisos de vehículos

    30 de Diciembre de 2014

    En los supuestos de comisión reiterada de delitos contra la seguridad del tráfico (alcoholemias, conducción sin carné, por ejemplo) los tribunales ya aplican con frecuencia lo previsto en la reforma del Código Penal operada por L.O. 5/2010 que introdujo los artículos 385 bis y ter que permiten considerar al vehículo a motor o ciclomotor utilizado en los hechos "instrumento del delito" y en consecuencia acordar su comiso.
    Ahora bien, ese decomiso puede ser total o parcial o incluso temporal.
    Son ejemplos de ello las sentencias de la Audiencia Prov. de Pontevedra de 03/09/2013 y la de la A.P. de A Coruña de 24/04/2013

  • Éxito de las reclamaciones por preferentes/subordinadas

    Éxito de las reclamaciones por preferentes/subordinadas

    3 de Noviembre de 2014
    Todas las reclamaciones formuladas por este despacho frente a NCG Banco por los contratos suscritos por clientes con las desaparecidas Caixanova y CaixaGalicia y que no habían recuperado el total de sus inversiones en los referidos productos financieros complejos finalizaron con la homologación judicial de un acuerdo transaccional entre las partes que ha permitido a nuestros clientes recuperar la totalidad de la inversión inicial sin necesidad de concurrir a juicio.