Publicado: 6 de Marzo de 2017


¿Has dado positivo en la prueba de alcoholemia? ¿Has sido denunciado por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas o acusado de conducción temeraria y necesitas asistencia letrada? Si te encuentras en cualquiera de estas situaciones no dudes en contactar con nosotros llamando al 986603684 para exponernos tu caso y así poder llevar a cabo una eficaz defensa de tus derechos.

En los últimos años se ha constatado que la presencia de alcohol y drogas durante la conducción es uno de los problemas más graves para la seguridad vial, estando detrás del 43% de los accidentes mortales en carretera.

Puede castigarse como una infracción administrativa o tratarse como un delito penal.

En vía administrativa se sanciona a los conductores de vehículos y  de bicicletas con una tasa de alcohol en sangre superior a 0,5 gramos por litro, o de alcohol en aire espirado superior a 0,25 miligramos por litro.

Cuando se trate de profesionales que realizan la actividad de transportistas así como de titulares de permisos de conducción con menos de dos años de antigüedad  no podrán hacerlo con una tasa de alcohol en sangre superior a 0,3 gramos por litro, o de alcohol en aire espirado superior a 0,15 miligramos por litro.

En definitiva, podemos decir que cuando el conductor arroja una tasa de alcohol superior a la permitida pero que no llega a 0.6 mg/l y no manifiesta indicios de conducción bajo la influencia del alcohol, estamos ante una infracción administrativa castigada con multa y pérdida de puntos.

En vía penal:

Nuestro legislador ha endurecido la respuesta penal en el art.379.2 CP con una tasa objetivada, puesto que se parte de que el consumo de alcohol, aunque sea en pequeñas cantidades, afecta a las capacidades de reacción y atención de que precisa todo conductor para manejarse sin peligro para la circulación.

Se trata de un delito de peligro abstracto fundado en un juicio de peligrosidad. En definitiva, constatada la conducción por encima de la tasa legal permitida, se presume el peligro para la integridad física del propio conductor y de los demás usuarios de la vía pública, siendo por tanto innecesaria la concurrencia de maniobras o signos externos de embriaguez (aunque en la mayoría de los casos estos también concurrirán).

El Artículo 379 Código Penal castiga al "que condujera un vehículo a motor o un ciclomotor bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o de bebidas alcohólicas con pena de prisión de 3 a 6 meses o multa de 6 a 12 meses o con trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días y, en cualquier caso, privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años".

En todo caso será condenado con dichas penas el que condujere con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0.60 mg/l o con una tasa de alcohol en sangre superior a 1.2 gramos por litro.

Las referidas penas se establecen de forma alternativa y, por su naturaleza, cuantía y duración llevan consigo la anotación de antecedentes penales, cuya  cancelación exige que transcurran sin volver a delinquir plazos de 2, 3 o 5 años en función de su cuantía (art.136 CP).

Por el contrario, en aquellos casos en que el conductor no rebasa los límites indicados en el Código Penal pero presenta una indudable alteración de sus facultades psíquicas y físicas puede ser igualmente condenado por dicho delito. Como ejemplo podemos citar la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid 27.11.2015

Prueba de alcoholemia a conductores

Todos los conductores de vehículos y de bicicletas quedan obligados a someterse a las pruebas de alcoholemia, así como los demás usuarios de la vía cuando se hallen implicados en algún accidente de circulación.

La negativa constituye una infracción muy grave pudiendo dar lugar a dos tipos de responsabilidades, una penal y otra administrativa. Así, el Código Penal (art. 383) castiga como autor de un delito de desobediencia grave al conductor que requerido por el agente de la autoridad se negase a someterse a las pruebas legalmente establecidas  para la comprobación de las tasas de alcoholemia y la presencia de las drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas con la pena de prisión de seis meses a un año, y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.

Por su parte la responsabilidad administrativa conlleva la imposición de una multa y puede implicar la pérdida de la totalidad de los puntos del carné.

Práctica de las pruebas de alcoholemia

En los casos en los que la primera medición fuese positiva o presentara la persona examinada síntomas evidentes de encontrarse bajo la influencia de bebidas alcohólicas  se realizará una segunda medición denominada de contraste, teniendo derecho a comprobar por si mismo o por medio de otra persona que entre ambas mediciones transcurren, al menos, 10 minutos.

Asimismo se le informará del derecho que tiene a formular cuantas alegaciones u observaciones tenga por conveniente, por sí o por medio de su acompañante, las cuales se consignarán por diligencia, y del derecho a contrastar los resultados obtenidos mediante análisis de sangre, orina u otros análogos. En caso de que el resultado del análisis también sea positivo, estarán obligados a abonar los gastos derivados de su realización; en caso contrario, los gastos correrán por cuenta de la administración.

En estos supuestos además, los agentes pueden proceder a la inmediata inmovilización del vehículo a no ser que pueda hacerse cargo de su conducción otra persona debidamente habilitada designada por el conductor, quedando sin efecto tan pronto como desaparezca la causa que la motivó.

Los gastos derivados de la inmovilización del vehículo, su traslado o su depósito, corren por cuenta del conductor o de quien legalmente deba responder por él.

Asimismo hay que señalar respecto del vehículo utilizado en la comisión de los hechos que el artículo 385 bis CP lo considera instrumento del delito a los efectos de que pueda acordarse su comiso.

Lo habitual tratándose de la primera vez que se incurre en un supuesto delito contra la seguridad vial por alcoholemia es que la persona no quede detenida, en cuyo caso, se le cita para que comparezca directamente en el Juzgado, haciéndole saber que tiene la obligación de comparecer y las consecuencias de no hacerlo. En la declaración ante el Juez de Instrucción si es imprescindible la presencia de letrado defensor para garantizar que se respetan los derechos del investigado.

Los delitos por alcoholemia se tramitan, en gran medida, por el denominado juicio rápido regulado en los arts. 795 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuyos principales rasgos son los siguientes:

Los agentes de la autoridad extienden el correspondiente atestado y lo entregan al juez de Guardia que incoará, si procede, diligencias urgentes con la participación activa del Ministerio Fiscal, pudiendo adoptar las siguientes medidas:

  • Tomar declaración a los testigos citados por la policía y que hayan comparecido en el Juzgado.

  • Recabar los antecedentes penales del detenido o persona investigada y tomarle declaración.

  • En caso de daños materiales causados por el investigado, también podrá pedir su tasación pericial.

En definitiva el juez recabará toda la documentación que crea necesaria para la celebración del juicio rápido. En este caso, el Ministerio Fiscal y el abogado del investigado pueden pedir cuantas pruebas consideren oportunas admitiéndolas el juez siempre que no sean descabelladas o se propongan con ánimo dilatorio, asegurando así que el proceso se desarrolle con todas sus garantías.

Oídas a las partes, el Juez tomará alguna de las siguientes decisiones:

  • Entender que faltan pruebas por practicar y decidir que el procedimiento continúe como diligencias previas del procedimiento abreviado (el procedimiento normal).

  • Tener por practicadas todas las pruebas y decidir pasar al Juicio Oral.

Una vez que se acuerda continuar este procedimiento, el juez oirá al Ministerio Fiscal y a los abogados de las demás partes personadas para que se pronuncien sobre si procede la apertura del juicio oral o el sobreseimiento. Acordada la apertura del juicio mediante auto, las partes presentarán los respectivos escritos de acusación y defensa.

El Ministerio Fiscal se reúne con el abogado del investigado exponiéndole la pena que solicita, de manera que si el investigado reconoce los hechos y se conforma con la pena, se dicta ese mismo día la denominada “sentencia de conformidad” imponiéndole la pena solicitada reducida en un tercio. Cabe decir que numerosos juicios rápidos por alcoholemia acaban en conformidad porque las pruebas de alcoholemia suelen evidenciar que el investigado superaba la tasa permitida, teniendo por tanto una difícil defensa, lo que hace aconsejable ese acuerdo previo al juicio entre el Ministerio Fiscal y su abogado defensor, permitiéndole así acogerse a la rebaja prevista por la ley.

En caso de que no exista conformidad el juicio oral se celebrará en el Juzgado Penal correspondiente conforme a lo dispuesto en los artículos 786 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sin que exista ya posibilidad de acogerse a la reducción de la pena por conformidad.

Etilómetro

La  prueba de alcoholemia puede quedar invalidada si no consta en las actuaciones el certificado de verificación periódica del aparato de medición utilizado, verificación que ha de ser anual como indica el art.13 de la Orden ITC/3707/2006, de 22 de noviembre, por la que se regula el control metrológico del Estado de los instrumentos destinados a medir la concentración de alcohol en el aire espirado.   Se puede solicitar la documentación del alcoholímetro para comprobar que haya pasado la obligatoria revisión anual o que haya sido fabricado hace menos de un año, quedando prohibido su uso (y, por tanto, no siendo válidos sus resultados como prueba) en el caso de que no se supere esta fase de control metrológico hasta que se subsane la deficiencia que haya impedido la superación.

En los etilómetros que lleven más de un año en servicio, se permitirá un margen de error del 7,5%, por lo que dicho margen debe ser tenido en cuenta a efectos de determinar si puede modificar el ilícito o la pena vinculada al mismo.